Diego Ancalao por Consulta Indígena: «Este es un llamado a solucionar asuntos postergados por demasiado tiempo»

El presidente del Instituto Desarrollo del Liderazgo Indígena Canadiense en Chile, Diego Ancalao, se refirió respecto a la relación del pueblo mapuche con el Estado, en marco de la Consulta Indígena y el trato hacia la etnia originaria predominante en nuestro país.

 

Diego Ancalao

La consulta indígena está predefinida por tratados firmados de la OIT, no obstante, algunas voces están descontentas con su forma. ¿Qué aspectos faltan para que el proceso tenga mayor validez?

El procedimiento no está cumpliendo con los pilares del Convenio 169 de la OIT, ya que esta consulta no ha sido libre ni previamente informada.

Hasta que comenzó la consulta no sabíamos qué artículos se buscaban modificar, sólo supimos por la prensa que se busca modificar el artículo 13 de la Ley Indígena que habla de permitir que las tierras mapuches se puedan arrendar, pero no se informó en su momento qué es lo que se iba a consultar. Además, no es vinculante.

Para que el proceso tenga mayor validez  se debe destacar que el derecho a la participación para los pueblos indígenas no se reduce solo a la consulta, sino que también incluye otras formas de participación en las decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses de una manera diferenciada. Se deben crear espacios e instrumentos que permitan esta misión.

 

¿Qué implica que el gobierno busque mecanismos para legalizar el arrendamiento o renta de tierras ancestrales?

Si van a modificar la Ley Indígena y no incorporan el reconocimiento de deuda de territorios indígenas, entonces, ¿para qué están haciendo esta consulta? La respuesta es clara, para favorecer intereses económicos privados y no precisamente el desarrollo indígena. Esto resulta más evidente cuando ni siquiera se incorpora en el proceso, el reconocimiento de la deuda histórica de territorios indígenas.

El gobierno sostiene que los mapuche son pobres porque no tienen títulos individuales de propiedad, sin embargo, no hay ningún estudio que pueda demostrar tal presunción. En los años 1931 y 1961 se promulgaron leyes para dividir los Títulos de Merced, proceso que permitió liquidarlos y venderlos a particulares no indígenas. Un estudio, realizado 50 años más tarde, constató que en términos de desarrollo, no había ninguna diferencia entre las 600 comunidades que constituyeron propiedad privada y las que no la constituyeron, a pesar que tenían estímulos para dividirse como solicitar créditos, hipotecar el suelo y funcionar con todas las reglas del mercado.

Por el contrario, existen ocultas intenciones de privatizar las tierras mapuche, bajo la excusa de que esta es una de las claves del desarrollo indígena. Según el Gobierno esto se logra modificando la ley 19.253, para dividir la comunidad en títulos individuales y que la tierra pueda arrendarse por 25 años; esto en teoría, pues basta agregar al contrato la frase que diga “si ninguna de las partes presenta reparos, se renueva automáticamente el arriendo por 25 años más”. Siempre hay formas ingeniosas de torcer la mano a la ley.

La experiencia internacional muestra que la política de privatización de tierras indígenas es un completo fracaso. El Banco Interamericano de Desarrollo en su estudio denominado “Land Privatization, Titling, and Indigenous Communities in Latin America” llevado a cabo en Bolivia, Perú, Honduras y México, demuestra que el procesos de privatización de tierras y programas de titulación individual afectan negativamente a las comunidades indígenas.

 

Algunas comunidades declararon no estar informadas de este mecanismo en cuanto a la metodología y puntos a tratar. ¿Cómo cree que esto afectará al resultado de esta primera etapa y al éxito de la consulta indígena?

La  Consulta Indígena que el Gobierno ha tratado de imponer bajo sus términos, ha fracasado y se visualiza claramente un “choque de culturas”, donde la autoridad la que define de qué se habla, cuándo, cómo y con quiénes… los otros, los que serán afectados por esa “invitación a conversar”, solo les queda aceptar las condiciones dadas.

Lo que sorprende en demasía, es que a pesar de las aplastantes pruebas de rechazo a esa consulta, algunos funcionaros de alto rango del Gobierno insisten en que todo marcha bien, que se trata de hechos aislados y que todo es culpa de minorías indígenas ideologizadas y agresivas.

Lo ideal es que nuestro pueblo no participe de esa consulta, esto porque sería validar un proceso que no conocemos, viciado y que podría terminar validando políticas que permitan usurpar legalmente terrenos indígenas, y no hay que prestarse para eso.


En la relación con la nación mapuche intervienen de forma directa el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con acciones que derivaron en el fallecimiento en 2018 de Camilo Catrillanca. ¿Cómo cree que se configura esta relación en el gobierno?

La estrategia del Estado de criminalizar a La Araucanía y al pueblo mapuche se desmonta rápidamente tras revisar un estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el año 2014, con proyección de población al 2016, las regiones con más delitos violentos son: Tarapacá, con 14,4 casos por cada 1.000 habitantes; Región Metropolitana, con 12; la Región de Antofagasta, con 11,3; y la Región de Valparaíso, con 10,3. Esas mismas regiones lideran los delitos contra la propiedad.

Es decir, la tan publicitada “violencia en La Araucanía” se basa en supuestos falsos. De hecho, según la cuenta anual de la fiscalía regional, en 2018 los “delitos rurales” son 270, que equivale al 0,09% de la población rural, que es de 281.127 habitantes. Claramente el contingente policial y militar debería estar en Santiago, no en Ercilla.

La estrategia consiste entonces, en dejar siempre al mapuche en la condición de “clase marginal” o como llama Zygmunt Bauman en su libro “Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global”, “inmigrantes ilegales” o “forasteros infiltrados”, extranjeros en nuestra propia tierra.

De esta forma queda perfectamente claro que el problema de fondo es eminentemente económico y que el proyecto de comunidad política indígena no coincide con el proyecto económico de los súper ricos, los padrinos de los parlamentarios y de los administradores del Estado.

 

¿Qué planteamientos sugiere el pueblo mapuche para que los hechos de violencia del Estado no afecten las decisiones del presente?

Debemos buscar suscribir un nuevo pacto social tendiente a que el Gobierno reconozca y priorice en sus compromisos, las demandas pendientes por más de 100 años, ¿hay alguna razón para seguir esperando?

Para avanzar hacia una solución al conflicto se necesita un diálogo respetuoso en el que los diferentes actores validos establecen compromisos de acatamiento de los acuerdos. Este no es un llamado a la subversión sino, por el contrario, es un llamado a la solución de asuntos postergados por demasiado tiempo.

Con esas premisas y esos criterios, instamos al Gobierno a:

  1. Desmilitarizar La Araucanía, como paso imprescindible para generar condiciones de diálogo y entendimiento.
  2. Realizar todas las acciones necesarias para lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos Indígenas y reconocimiento de un Estado Plurinacional.
  3. Aprobar un estatuto de autonomía que garantice la autodeterminación de los pueblos indígenas, en el marco de la legislación nacional.
  4. Promover la implementación de un registro electoral indígena, con cupos reservados en el poder legislativo.

Si no hay respuesta los sectores excluidos de Chile se verán en la obligación no solo de ejercer el derecho sino en el deber de movilización nacional pacífica, en el plano alto de la dignidad de los Pueblos indígenas.

Estos requerimientos nacen del convencimiento más profundo de que llegó el tiempo de realizar un cambio justo, que la sociedad chilena mayoritariamente reclama y exige.

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