DD.HH.: “Hay un patrón que deriva en la vulneración de los derechos”

DD.HH.: “Hay un patrón que deriva en la vulneración de los derechos”

Los Derechos Humanos son un tema de interés público, sobre todo en la provincia de Arauco y en general en toda zona de carencias originadas por distintos factores.

 

Cañete es una de las comunas con mayor reporte de incidentes de temática mapuche, en medio de un contexto de fuerte tensión por décadas entre el pueblo originario y el Estado. En la Voz de Arauco conversamos de este tema con Ana Piquer, Directora de Amnistía Internacional Chile, entidad sin fines de lucro que se dedica a observar problemáticas como ésta en el mundo y el respeto por los Derechos Humanos de quienes estén implicados.

 

Estado y trato

La cantidad de aristas que tiene la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en Chile es muchísima y, a juicio de la Directora de Amnistía Chile, incluso contradictoria. “En el manejo tanto mediático como jurídico las denuncias por hechos de violencia que supuestamente serían cometidos por personas mapuches, que a nuestro juicio ha llevado a una criminalización del pueblo mapuche y sus liderazgos, pasa por juicios injustos, por la aplicación de la Ley Antiterrorista que hemos criticado fuertemente y por la manera en que la policía se comporta, entre otros factores”.

 

En la memoria de Chile sigue fresco el uso excesivo de fuerza por parte de Carabineros que el año pasado terminó con la muerte de Camilo Catrillanca, tema que Piquer considera no ha mejorado. “Por el contrario, se ha ido agudizando”, agrega.

 

Esta realidad se contrapone con los planes de compra de tierras y beneficios al pueblo mapuche. “Creemos que esos beneficios o reconocimientos de derecho, si se van haciendo en paralelo con esta criminalización, generan una contradicción y no aportan a que el Estado chileno y el pueblo indígena vayan realmente a  sanar su relación”, sentencia.

 

Para Amnistía Internacional el trato al pueblo mapuche por parte del Estado ha sido transversal a los gobiernos, en el sentido de ver una línea de criminalización y de investigar delitos comunes como delitos terroristas, en aplicar dicha ley pese a que genera dudas públicas en cuanto a los estándares de un debido proceso.

“Por ejemplo el año pasado como Amnistía Internacional sacamos un informe que se llama Prejuicios Injustos, sobre las conclusiones de una observación que hicimos del juicio Luchsinger-Mackay y del juicio por la quema de una iglesia de Padre las Casas. Nuestra conclusión fue que ambos fueron juicios injustos, no empezaron en este gobierno, si no en el gobierno anterior. Hay un aspecto que se ha mantenido independiente del gobierno de turno” cuenta Ana Piquer.

 

Modificaciones a la Ley Antiterrorista

Un aspecto que sí ven diferente en la Organización, es el impulso que el gobierno de Sebastián Piñera le da a la reforma a la Ley Antiterrorista. “No necesariamente va a corregir esas preocupaciones en cuanto al debido proceso. Esta intención de separar en una ley corta algunos aspectos, podría también generar una brecha de más violaciones a Derechos Humanos”.

 

La ley nueva propuesta por el gobierno, haría regular ciertas técnicas especiales de investigación, como por ejemplo contar con agentes encubiertos para el uso en investigaciones por terrorismo o por supuesto terrorismo. El problema está en que la ley antiterrorista la definición de terrorismo es extremadamente amplia, eso hace que delitos que puedan ser comunes puedan ser catalogados como terroristas.

 

“Si se amplía la capacidad del uso de ciertas técnicas especiales a un delito mal definido y que no cumple con el principio de legalidad, se abre la puerta a usar una herramienta que debiera ser excepcional para delitos que no son excepcionales. Eso es muy complejo y por eso a nuestro juicio el separarlo es delicado. Debiera discutirse en conjunto la definición de terrorismo, las normas procesales y las técnicas de investigación, porque si se separan pueden generar mayor violación a los Derechos Humanos”, explica la especialista en DD.HH.

 

Desde Amnistía Internacional afirman que no es claro si los delitos se vayan a perseguir de forma efectiva. “Si uno hace un uso de agentes encubiertos, pero no tiene identificado a nadie ni pistas a donde poner a ese agente encubierto, no necesariamente va a significar una mayor efectividad en la identificación de sospechosos. Entonces tampoco es claro que vaya a haber una mayor efectividad en la investigación, usando esta técnica”.

 

El poder judicial en entredicho

En el organismo observador de los DD.HH tienen una impresión bien preocupante respecto de cómo se están haciendo ciertas investigaciones judiciales cuando son imputadas personas mapuches. “Vimos casos donde la fiscalía hacía uso de pruebas en el juicio pese a que había denuncias de ilegalidad y no las investiga. Vimos que había ya señales de que no necesariamente todo los casos cumplían con el principio de objetividad que se requiere en las investigaciones”, sostiene Piquer.

La gran preocupación que tiene el organismo es que en estas investigaciones y lo que se ha investigado en la operación Huracán, demuestra que estas prácticas están pasando de manera mas profunda. “No se debiera mirar como un hecho aislado. Esto podría estar revelando una práctica y debiera llevar a una revisión de cómo se está operando en el poder judicial y que efectivamente la Fiscalía como institución esté actuando de acuerdo a lo que corresponde y en pleno respeto a las normas de un debido proceso. Ojalá que todo esto lleve a esa reflexión y revisión de cómo se está trabajando y que ese trabajo no refleje un sesgo en contra del pueblo mapuche”.

 

En una provincia en donde cerca del 40% de la población es indígena, urge que organizaciones como Amnistía Internacional despliegue su atención. “Nos encantaría ampliar nuestro trabajo territorial a más lugares, porque los desafíos son muy similares en muchas partes y es importante mostrar cómo eso se esta produciendo, que no hay casos aislados y que hay un patrón que deriva en la vulneración de los derechos”, finaliza la directora de Amnistía Internacional Chile.